En un entorno económico global cada vez más volátil, México enfrenta el desafío de administrar su creciente deuda pública neta del sector público, proyectada en 52.3% a 52.8% del PIB para 2026. Cada peso que desembolsa el gobierno en intereses reduce recursos disponibles para salud, educación o seguridad, por lo que definir prioridades financieras estratégicas se vuelve esencial.
Este artículo explora cómo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha diseñado un plan de financiamiento equilibrado, qué instrumentos prioriza y cuáles son las implicaciones para el bienestar social. Además, presentamos críticas y recomendaciones que apuntan a fortalecer la sostenibilidad fiscal sin sacrificar inversión pública productiva.
Panorama de la Deuda Pública en 2026
Según el Paquete Económico 2026, el déficit fiscal se ubicará en 4.1% del PIB, una leve mejora respecto al 4.3% de 2025. Sin embargo, el costo financiero de la deuda superará 1.6 billones de pesos, equivalente a 4.1% del PIB, cifra que supera el presupuesto en salud y educación. Ante esto, la SHCP organiza el Plan Anual de Financiamiento (PAF) con énfasis en:
- Refinanciar las obligaciones de corto plazo para alargar vencimientos.
- Emitir deuda interna en pesos con tasa fija y largo plazo.
- Fortalecer instrumentos sostenibles como Udibonos y Bondes G.
En este contexto, el endeudamiento neto autorizado asciende a 1.78 billones de pesos en el mercado interno y 15,500 millones de dólares en el externo. La recomposición de plazos permite distribuir las obligaciones en un horizonte más amplio, evitando picos de pago inmediatos que tensionen la liquidez pública.
Estrategias de Priorización: Deuda a Corto Plazo
La primera línea de acción de la SHCP consiste en refinanciar deudas de corto plazo (Cetes, Bonos M), recomprando 235,552 millones de pesos en enero de 2026 con demanda superior a la oferta. Esto permitió extender el plazo promedio en 6.44 años y reducir presiones financieras a corto plazo.
Los principales beneficios de esta estrategia son:
- Mejorar la estructura de vencimientos y reducir concentraciones de pago.
- Mitigar la vulnerabilidad ante choques externos al privilegiar tasa fija (80%–100%).
- Impulsar la confianza de inversionistas y fortalecer el mercado local.
Beneficios de una Gestión Sostenible
Al alargar plazos y concentrarse en instrumentos de largo plazo, la SHCP logra sostenibilidad fiscal y social. Esto se traduce en:
- Mayor previsibilidad de las finanzas públicas, reduciendo el riesgo de crisis de liquidez.
- Espacio presupuestal para impulsar inversión pública productiva en salud, educación y seguridad.
- Estabilidad macroeconómica que favorece las inversiones privadas y el crecimiento.
Por ejemplo, la emisión de 10,408 millones de pesos en Udibonos a 30 años con cupón 4% y rendimiento 4.26% recibió demanda 1.69 veces la oferta, demostrando el interés por instrumentos que protegen contra la inflación.
Críticas y Recomendaciones para el Futuro
Pese a los avances, organismos como COPARMEX, CIEP y México Evalúa advierten sobre riesgos persistentes. El costo financiero absorbe un porcentaje creciente del gasto, y existe preocupaciòn por la concentración de recursos en proyectos de alto perfil, como el Tren Maya, en detrimento de hospitales y escuelas.
Las principales recomendaciones incluyen:
- Impulsar una reforma fiscal integral para aumentar la recaudación y reducir dependencia de deuda.
- Reorientar parte del financiamiento hacia MiPyMEs e infraestructura productiva.
- Fortalecer los fondos de estabilización y coberturas cambiarias para mitigar riesgos externos.
Asimismo, se propone acelerar la consolidación fiscal: reducir el déficit a 3.0% del PIB tras 2027 y contener el crecimiento de la deuda pública hacia niveles compatibles con estándares internacionales de sostenibilidad.
Conclusión: Hacia un Futuro Financiero Equilibrado
La experiencia de 2026 muestra que una política activa de gestión de deuda, enfocada en refinanciar pasivos de corto plazo y emitir a largo plazo, ofrece un camino viable para sostener la estabilidad macroeconómica sin sacrificar la inversión social. No es una panacea, pero sí una decisión estratégica que fortalece la resiliencia fiscal.
El reto ahora es complementar estas acciones con reformas estructurales que eleven la recaudación y garanticen un gasto público más eficiente y equitativo. Solo así se asegurará que cada recurso invertido en el presente construya un México más próspero y justo para las futuras generaciones.
